El mayor de la Policía Nacional, Abdiel Enrique Domínguez Martínez, condenado a 30 meses de prisión por el delito de actos libidinosos contra una subalterna, recibió la medida de trabajo comunitario como reemplazo de su pena. La decisión fue tomada durante una audiencia celebrada el 6 de enero en la provincia de Colón.
Este caso ha generado controversia, ya que Domínguez fue declarado culpable en un proceso judicial que concluyó con una condena en firme. Sin embargo, las declaraciones iniciales del director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, sugerían que el oficial estaba prófugo y que el proceso judicial aún no había terminado.
El 15 de diciembre, la Policía Nacional publicó un comunicado en redes sociales informando que "se encuentra tras la búsqueda del mayor Abdiel Enrique Domínguez". Tres días después, Fernández aseguró a los medios que el oficial estaba siendo rastreado y que sería puesto a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente.
Por su parte, el abogado de la víctima aclaró que no existía necesidad de iniciar un nuevo proceso, ya que el caso había concluido y la condena estaba en firme. "Estas declaraciones son contrarias a los hechos", afirmó, enfatizando que el fallo judicial debía cumplirse sin dilaciones.
La situación ha generado debates sobre la implementación de medidas alternativas a la prisión en casos de delitos sexuales, y sobre la transparencia de los procedimientos en instituciones de seguridad pública.
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