La economía de las provincias del interior del país ha sufrido un fuerte impacto tras la finalización de la vigencia del Bono Solidario y los retrasos en los pagos de los compromisos pendientes de la Ley de Intereses Preferenciales, heredados del gobierno anterior.
Isaías Cárdenas, presidente de la Asociación de Promotores de Vivienda del Interior (APVI), capítulo de Azuero, indicó que esta situación ha afectado principalmente a provincias como Los Santos, Herrera, Veraguas, Coclé y Chiriquí, perjudicando a miles de familias de bajos ingresos y a diversas empresas relacionadas con el sector construcción.
Avances hacia una solución legislativa
Según Cárdenas, el sector ha tenido acercamientos positivos con el gobierno actual, logrando poner sobre la mesa una propuesta clave: integrar el Bono Solidario en la Ley de Intereses Preferenciales mediante una nueva figura legal. Esta propuesta será discutida en la Asamblea Nacional durante el próximo periodo legislativo que inicia en enero de 2025.
Varios diputados ya han mostrado interés en apoyar esta iniciativa, y el sector espera que el debate no se prolongue, considerando la urgencia del problema.
Millones en deuda y efectos en cadena
El sector promotor enfrenta un panorama complicado. Actualmente, el gobierno adeuda cerca de $10 millones a los promotores en concepto de Bono Solidario, y se calcula que a los bancos se les deben $300 millones por intereses preferenciales.
Cárdenas destacó que, aunque existe un compromiso del gobierno para saldar estas deudas, el retraso está afectando a miles de personas en trámites para adquirir viviendas, especialmente aquellas con salarios inferiores a $700 mensuales.
Este problema también ha generado un efecto dominó, afectando a otros sectores como el comercio de materiales de construcción, proveedores de servicios en proyectos habitacionales y pequeños negocios locales.
Llamado a respetar el libre mercado
Durante las consultas relacionadas con la Ley de la Caja de Seguro Social en Azuero, los empresarios expresaron su preocupación ante la posibilidad de establecer topes en los costos de viviendas de interés social, advirtiendo que esta medida podría ir en contra de las leyes del libre mercado.
“El sector construcción es uno de los mayores aportantes a la CSS, y su impacto económico es significativo en todas las comunidades donde se desarrollan proyectos”, puntualizó Cárdenas.
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